March 9, 2026

Tribunal Supremo limita alcance de jueces para frenar políticas del Ejecutivo

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Deja en pie orden de Trump que niega ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes

Washington, D.C. – 27 de junio de 2025 En una decisión que podría transformar el alcance de la justicia federal en Estados Unidos, el Tribunal Supremo determinó que los tribunales no pueden emitir órdenes judiciales que bloqueen la aplicación de políticas gubernamentales a nivel nacional, aunque estas sean inconstitucionales. La decisión tiene efectos inmediatos sobre la controversial Orden Ejecutiva 14160, emitida por el presidente Donald Trump, que niega la ciudadanía por nacimiento a ciertos hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense.

Por mayoría de seis votos contra tres, el Supremo resolvió que las llamadas injunctions o interdictos universales, que impiden al Gobierno aplicar una ley o política a toda la población, exceden el poder otorgado por el Congreso a los tribunales bajo la Ley Judicial de 1789. En cambio, dictaminó que los jueces solo pueden ordenar que una política deje de aplicarse a quienes demandan directamente.

La orden ejecutiva emitida en enero de 2025 establece que no serán considerados ciudadanos estadounidenses quienes nazcan en Estados Unidos si:
• La madre está en el país sin estatus migratorio legal y el padre no es ciudadano ni residente permanente, o
• La madre está legalmente en EE.UU., pero de manera temporal, y el padre tampoco tiene ciudadanía ni residencia legal permanente.

La medida contradice directamente la interpretación histórica de la Enmienda 14 de la Constitución, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos y “sujetas a su jurisdicción”. A palabras del Presidente Trump en la conferencia de prensa ofrecida en la mañana de hoy que,

“esta ley se había hecho específicamente para proteger a los hijos de los esclavos, no para que las personas traten de engañar al sistema viniendo al país durante sus vacaciones”

Sin embargo, el Tribunal no decidió sobre la constitucionalidad. Pese a los cuestionamientos legales, el Supremo no se expresó sobre la legalidad o constitucionalidad de la orden ejecutiva, sino que se limitó a analizar el tipo de remedio que pueden imponer los jueces federales. A respuesta de los medios, la Attorney General respondió que se espera que en Octubre próximo, se resuelva ese asunto.

En la opinión mayoritaria, redactada por la jueza Amy Coney Barrett, el Tribunal sostuvo que: “Los tribunales federales no tienen autoridad para prohibir la aplicación de una política a personas que no son parte del caso judicial.” La decisión revierte medidas de tribunales inferiores que habían bloqueado la orden en tres estados y mantiene la posibilidad de que el Gobierno continúe aplicándola, excepto en los casos de los demandantes originales.

El ambiente en Casa Blanca aparentaba ser de celebración. Momentos después del fallo, el Presidente Trump ofreció una conferencia de prensa junto al Attorney General de los Estados Unidos, en la que calificaron la decisión como una “victoria histórica para la soberanía del país”. “Hoy protegimos la Constitución, protegimos nuestras fronteras y dimos un paso crucial para detener el abuso de la Enmienda 14”, declaró Trump. “Ya no se puede regalar la ciudadanía como si fuera un souvenir de aeropuerto.” Trump insistió en que su orden ejecutiva corrige una mala interpretación centenaria de la Constitución y que la ciudadanía “debe ganarse, no ser automática”. Aseguró además que, si resulta electo nuevamente, hará cumplir esta política en su totalidad.

Por su parte, el Attorney General celebró el fallo como un acto de “restauración del equilibrio institucional” y afirmó: “Los jueces no deben gobernar el país desde el estrado. Esta decisión reafirma que los tribunales deben decidir sobre casos específicos, no dictar política migratoria.”
El funcionario anunció que su oficina revisará los lineamientos internos para aplicar consistentemente esta política en todas las agencias federales, respetando el debido proceso.

Por otra parte, la opinión presentada por el tribuanl trajo consijo sendas disidencias: “Ningún derecho está a salvo”. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson emitieron disidencias contundentes. En su opinión, la jueza Sotomayor advirtió que el fallo “deja sin protección a millones de personas frente a políticas inconstitucionales”, permitiendo que el Ejecutivo actúe al margen de la Constitución mientras no sea demandado específicamente.

“Ningún derecho está a salvo bajo este nuevo régimen legal. Hoy es el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Mañana puede ser el derecho al voto o la libertad religiosa”, escribió Sotomayor.

Por su parte, la jueza Jackson cuestionó el impacto institucional: “Este fallo debilita la función de los tribunales como contrapeso del poder ejecutivo. Si solo se protege a quien puede demandar, el Gobierno puede violar la Constitución con impunidad.”

¿Qué viene ahora? El Tribunal devolvió los casos a los tribunales inferiores para que ajusten las órdenes judiciales exclusivamente a los demandantes, pero sin invalidar la orden ejecutiva de fondo, lo que permite al Ejecutivo continuar su implementación. La decisión limita severamente las herramientas del poder judicial para frenar políticas federales, a menos que se presente una demanda colectiva o se certifique una clase de afectados. Expertos advierten que esto podría dificultar la protección de derechos civiles en casos como inmigración, libertades religiosas, educación y salud.

Se quebrantan 125 años de jurisprudencia. Desde el caso United States v. Wong Kim Ark en 1898, la Corte ha sostenido que cualquier persona nacida en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es ciudadana por derecho constitucional. Esta orden ejecutiva, aunque aún no ha sido validada por el Supremo, representa el primer intento directo del Ejecutivo por reinterpretar ese principio. Por ahora, la ciudadanía por nacimiento sigue en pie para los demandantes en este caso, pero su aplicación generalizada está en entredicho.

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Eddie J. Ruiz

Eddie J. Ruiz Cordero, periodista empresarial y miembro activo del "Overseas Press Club of America", conocido por sus impactantes contribuciones al desarrollo empresarial y el cumplimiento corporativo en Puerto Rico. Destacado por su diversificada carrera que mezcla negocios y derecho, logrando importantes progresos en mercadeo estratégico y desarrollo de negocios internacionales, especialmente durante su extensa trayectoria en Hispania Group, Intl. desde 2006. Entre 2017 y 2018, Eddie enriqueció el panorama mediático como presentador de la sección "En Perspectiva" en Noticias WOLE 12, aportando análisis objetivos de la política de Estados Unidos de América. Su educación incluye títulos de la IE Business School en Madrid España, la Northwestern Pritzker Law School en Chicago, Illinois, Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de PR. Como Profesor Adjunto y líder empresarial, Eddie ha fusionado su pasión por el periodismo con su experiencia en negocios, ejerciendo una influencia significativa en la academia y la industria.
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